John Müller: Pacto de encubrimiento

John Müller
Muller corta

Una de las pocas iniciativas debatidas en el Parlamento durante la extraña XI Legislatura ha sido una proposición no de ley del Grupo Socialista destinada a “recuperar el Pacto de Toledo” con el objetivo de “acordar las medidas que permitan asegurar pensiones dignas”. Dicha proposición fue debatida el 15 de marzo de 2016 y salió adelante por 219 votos a favor (PSOE, Ciudadanos y Podemos) y 109 en contra (Partido Popular). Sus consecuencias, sin embargo, probablemente sean limitadas.

El profesor de Economía del IESE Javier Díaz-Giménez afirma que el Pacto de Toledo sólo ha servido para oscurecer el debate en materia de pensiones. La gran mayoría de las actuaciones políticas que aluden al tema se encuadra en la pura política de gestos.

Fue la necesidad de hacer gestos claros hacia Angela Merkel, la que llevó a los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy a aprobar las dos últimas reformas del sistema de pensiones. Detrás había urgencia por tranquilizar a nuestros socios, pero no un diagnóstico detallado de nuestra realidad económica y demográfica, ni de los recursos existentes y las necesidades que llaman a la puerta.

Zapatero retrasó la edad de jubilación a los 67 años, pero repartió la medida en 15 años a partir de diciembre de 2012 (un mes por año durante los seis primeros ejercicios y dos meses por año durante los nueve últimos). Rajoy, por su parte, nombró una comisión de expertos que creó un Índice de Revalorización (IR) y un Factor de Sostenibilidad (FS). El primero fija una fórmula por la que las pensiones siempre se revalorizarán un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC más un 0,5%. En cuanto al Factor de Sostenibilidad, es una restricción matemática que limitará la pensión de quienes se jubilen a partir de 2019 en razón de la esperanza de vida de la población y no sólo de las aportaciones individuales.

Díaz-Gimenez ha calculado[1] que, por estas reformas, la pensión máxima perderá más de 500 euros de su valor en los próximos 30 años. Esta pensión máxima, a la que cada vez más españoles tienen derecho debido a que en pocos años comenzará a jubilarse la generación del baby boom –más numerosa y donde más trabajadores tienen historiales de cotización largos-, pasará de 2.561 euros en 2015 a 1.946,4 euros en 2045 y en 65 años quedará reducida a sólo 1.580,4 euros. La pensión mínima pasará de 634,5 euros el año pasado a 482,2 euros en 2045 y a 391,5 euros en 2080.

Como se ve, la política de gestos, tanto la que tiene consecuencias en el BOE como la que no, sigue erosionando la credibilidad del sistema público de pensiones. Más que un pacto político, España necesita una campaña educativa sobre el asunto. Una campaña que empiece por propugnar la retirada de las manos políticas de la gestión de las pensiones si el país quiere aprender algo del desastre que supuso la gestión politizada de las cajas de ahorro.

John Müller es adjunto al director del diario digital El Español y columnista de asuntos económicos.

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[1] Díaz-Giménez, Javier /(iese) y Díaz-Saavedra, Julián (Universidad de Granada). The Future of the Spanish Pensions. 11 de febrero de 2016.

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